En un reciente informe, se ha detectado que España se encuentra entre los países con menos vivienda protegida en Europa, mientras que los precios de estas viviendas alcanzan niveles de récord, ya que tan solo un 2,5% de las viviendas son destinadas a la protección oficial, situándose por detrás de la mayoría de sus vecinos europeos.
Este déficit en la oferta de vivienda protegida se viene agravando debido a una política histórica que ha favorecido la venta sobre el alquiler, lo que ha llevado a una escasez sistemática a la hora de encontrar opciones asequibles para los inquilinos.
Actualmente, un 36% de los hogares españoles en régimen de alquiler dedican más del 40% de sus ingresos a pagar la renta, una cifra significativamente alta comparada con la media de Europa.
Ante esta situación el gobierno está considerando nuevas medidas buscando garantizar que más ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna y asequible. La crisis habitacional en España pone de manifiesto la necesidad urgente de una estrategia integral que promueva la vivienda protegida como un pilar esencial para el bienestar social.